¡Vaya complicación la que ha puesto de rodillas a todo el Cabildo de Torreón!, que como fatídica herencia judicial deja a su hoy sucesor en el cargo, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, que sin vela en tal entierro deberá enfrentar o sufragar la ejecución de la sentencia judicial que le dio un Juez Federal en el caso del Juicio de Amparo 1321/2023, del expediente 311/2015, presuntamente ganado por Ecoagua, la controversial concesionaria de la Planta Tratadora de Aguas Residuales -fallida-, de Torreón, extensión de SIMAS-Torreón, que dicen los que saben involucra el pago inmediato y en efectivo de más de 90 millones de pesos, que parecen la puntilla del hundimiento financiero que exhibe la paramunicipal.
Eso sin contar con los 193 millones que también en juicio gana el empresario Juan José Fernández, si bien este, no tan exigente, pretende ante tal situación que se le pague con un trueque, es decir, con terrenos municipales y algunos beneficios de agua limpia o tratada, siendo más factible esto último, porque para su interés no existe una sola gota de aguas negras o tratadas que no haya sido comercializada, aunque esté en duda su ingreso a las arcas de la controversial empresa paramunicipal. Esta ya recibe para su posible rescate al nuevo gerente, el contador público Xavier Herrera Arroyo, en tanto el destino “judicial” de su hoy antecesor, el más que “bobo” Bob Escalante, vive días de gracia, toda vez que la revisión de su actuación al frente de SIMAS-Torreón quedará, por ahora, en los resultados de la aún no solicitada formalmente nueva revisión de la Auditoría Superior del Estado, con todo y que algunos de los “avispados” miembros de su Consejo de Administración, como el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, propusieron reiteradamente la realización de una auditoría externa por parte de una empresa fiscal y contable de prestigio nacional, paralela a la que haga el Gobierno estatal. Tal propuesta queda en veremos, y veremos también si tal exigencia rescata de manera difícil la confianza perdida de la ciudadanía, que no solo será restaurada con el mejoramiento sustancial del servicio de abasto de agua potable, sino con que los recursos que capte tengan un auténtico manejo honesto y transparente, o bien que los integrantes actuales del Consejo de Administración, por cierto corresponsables de la empresa en apuros, sean borrados del mapa y suplidos por otros, toda vez que habrá modificación de reglamentos.
El contador Herrera Arroyo es sin duda un buen profesional de la contaduría y además cuenta con la experiencia necesaria en el tema del abasto de agua y el toreo de los múltiples intereses que cobija tal institución, pues ya pasó por ella. Únicamente tiene el tiempo en contra para dar los resultados esperados, y cuenta además con la falta de compromisos formales con la cauda de proveedores y contratistas que le dejara como herencia la administración de Simas finiquitada, esperando que solo él pueda seleccionar y operar con personal más profesional y eficaz, y logre cortar de tajo “el nudo gordiano” que constituyen, por lo menos según expertos, “siete grupos de interés” operando y esquilmando la institución. Y qué decir dentro de los grupos de interés externo, por demás poderosos, es decir, de los empresarios que forman parte de los usuarios y compradores de las aguas negras tratadas, constituidos en un poderoso bloque, si bien no se conoce con precisión cuánto ingresa a las arcas de SIMAS por concepto de tales ventas. Y qué decir del grupo de presión interna que se conforma con elementos eternizados en los controles técnico-operativos del sistema, al que ya reunió también la dirigencia de uno de sus dos sindicatos traficando la venta de plazas con la anuencia obvia de su gerencia defenestrada. En fin, tendremos para rato con tal tema, y eso que no se incluye por ahora el que corresponde a su Comunicación Social.
En la otra esquina, ¡vaya manotazo sobre la mesa! el que Miguel Ángel Riquelme propinó al tema del “Derecho” en su ejercicio desde el ámbito del poder municipal al eliminar de un tajo la Subdirección Jurídica y mermar en los hechos acciones asignadas, si no por la ley sí por la costumbre, a la Sindicatura de Mayoría, que se adjuntan a extender la acción de parte de la nueva Consejería en marcha, la primera en su género en la administración pública del municipio. Y que queda en manos del ex fiscal general de justicia, doctor Gerardo Márquez Guevara, amplio, amplísimo el campo de facultades adheridas a tal cargo que lo hace en los hechos casi en la encarnación de la ley en Torreón. El funcionario cuenta con capacidad probada y sin duda dará los resultados esperados; en un ámbito que bien conoce, pondrá orden en un campo donde todos los que en él jugaban ganaban, si bien perdiendo en la mayoría de las veces el interés público.
Ya viene asomándose por ahí el sofocado tema del contrato-concesión del servicio de limpieza, barrido de calles y recolección de desechos, etcétera, y que impactó por su cobranza al menos a toda una generación de torreonenses, con un pago por tales servicios de por lo menos 12 mil millones de pesos, según estimaciones conservadoras. Por cierto, se señala a Fernando Villarreal como el operador número uno en las negociaciones que culminaron con el contrato-concesión del servicio citado, documento que por ahora se regatea dar a conocer de manera pública, sin reserva alguna, al menos por la anterior administración. Por ahora, ya veremos, dijo el ciego…
