¡La Torre de Babel! Reeditada en pleno siglo XXI, mostrando a la humanidad toda que no hay nada nuevo bajo el sol, más allá de reediciones de dichos y de hechos que sirven para ilustrar a quienes integran las más nuevas generaciones, en estos tiempos de infodemia, los límites posibles de la comunicación humana. Ello con todo y las nuevas tecnologías en uso y las que se avecinen, que no han dejado muy lejos la distancia en tiempo de los primeros balbuceos que en sonidos y en sus signos plasmados se sumaron a larguísimos procesos que la civilización ha transitado de muy diversos modos -si no es que todas las civilizaciones conocidas-, para comunicarse con el otro, con los otros, sus iguales o no; y las que no lo lograron, mucho menos pudieron dejar testimonio más allá de los restos materiales que la arqueología registra.
Hoy somos testigos y protagonistas de la historia -esa maestra-, de un fenómeno inverso al citado, cuando la civilización de la que somos parte cuenta como nunca con las mayores posibilidades de tener comunicación casi al instante, sin mediar espacio ni tiempo como lo posibilitan las tecnologías de punta; pero también vivimos, cual paradoja, la más seria etapa de incomunicación conocida, luego del obstáculo en que se han constituido las más avanzadas tecnologías para comunicarnos.
De ahí que, para empezar, finalmente el Gobierno Federal levantó las orejas y dio curso al clamor y a las demandas de especialistas y otros no tanto, y no para reglamentar derecho de expresión alguno, sino llana y simplemente el uso de tecnologías que han creado un singular fenómeno de adicción y aislamiento, no solo entre los menores, sino que cual pandemia alcanza hasta los usuarios de todas las edades. Dicha situación ha generado, cual saldo negativo, un singular aislamiento que no solo se manifiesta en los menores en falta de atención o interés en los procesos educativos a que están obligados, y en los restantes usuarios en el aislamiento notable de sus vidas.
Por lo pronto se empezará con los menores de edad, los que cursan educación preescolar y básica, a quienes se les regulará el uso de teléfonos celulares. Tal disposición tocará ejecutarla bajo su responsabilidad a los docentes, pero sin duda debe incluir, de manera obligatoria, también a los padres de familia, pues son finalmente los que adquieren los aparatos y tecnologías necesarias para tal comunicación. La tarea sin duda no será fácil, es compleja toda vez que estamos ante una adicción colectiva, y como tal deberá aplicarse a quienes lo requieran. Vamos a conocer también, finalmente, lo que la abundante información sin control y sin objetivos ha generado en la generación a la que el uso intensivo de celulares ha impactado en sus vidas, así como la confusión que ello provoca en esta modernísima Torre de Babel.
Y ya vimos que nos alcanza a todos, y no solo a la alta burocracia en este país. Baste para ello el tema que involucró a la empresa SIMSA, a quien se señaló con dedo flamígero como la involucrada en el caso más grande conocido en la historia de este país en la comisión presunta de huachicoleo, hasta por 59 mil millones de litros de combustibles. Y todo para que, al paso de este septiembre negro, tal acusación se desvanezca para dejar a la vista de todos el pobre rango de capacidades técnicas e intelectuales de quienes dirigen áreas prioritarias del país, como lo es la seguridad, amén de la exhibición de las carencias y capacidades institucionales de elemental coordinación necesarias para llevar a cabo una investigación en la cual el Ministerio Público, en este caso el federal, tiene el monopolio. Y ya ni cómo acusar al pasado, pues este ya los alcanzó y, cual bumerán, se les regresa de a gratis. No basta pues con el cese a un delegado estatal, sino a la cadena de mando de la cual dependía; pero en fin, en este país eso es mucho pedir. Ya veremos si SIMSA demanda al Gobierno Federal por el daño reputacional que se ha infringido, amén de los daños materiales y colaterales de la acción a cargo de la Fiscalía General en este país.
Y por estas tierras, que alcanzan por primera vez en su historia reciente un interesante primer lugar en la percepción ciudadana coahuilense realizada por una entidad federal, mérito no regateable del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien al arribar al tercer año al frente del gobierno estatal sumó la alta calificación que colocó a Coahuila como el estado más seguro del país. Tal sitio, nada fácil en la yerma tierra mexicana, y que sin duda estará trabajando para ratificarlo en tal posición ya en el próximo 2027, según declara su intención de destinar el presupuesto necesario para tales fines. Y en verdad, sin seguridad poco o nada queda a la población; de paso se cumple con el objetivo primigenio, por no decir el único al que está obligado el gobierno no solo estatal, sino el federal y municipal, que no es otro que el de proteger las vidas y el patrimonio de sus gobernados. Y en este caso, Manolo Jiménez Salinas lo cumple.
Y hablando de la falta de comunicación precisa, puros nubarrones se advierten sobre la Región Centro de Coahuila una vez que se avanzó en la subasta de Altos Hornos de México, donde predomina un sujeto que parece ser un advenedizo más que inesperado, adquiriendo el compromiso de quedarse con la empresa subastada por el Gobierno Federal y entregar, en el plazo de tiempo establecido, 56.3 millones de pesos como parte de los 1,440 millones de dólares previamente ofrecidos, sin que se le conozca al citado y a su empresa denominada Construcciones e Ingeniería Electromecánica, S.A. de C.V. u otras fuentes de financiamiento. Ya se verá si Coahuila está ante un renacimiento de figuras como la que fuera Alonso Ancira, o bien de algún remedo, pues ya lo rodea la versión de que solo representa a aún desconocidos capitales de la nueva clase política, es decir, de los nada humildes morenistas. El tema dará para largo, pues rescatar una empresa colapsada que fuera orgullo de la industria del acero a nivel mundial no es poca cosa y no es solo un tema de dineros, sino de capacidades varias, administrativas y técnicas, de organización, de capacitación en su plantilla laboral y muchos factores más. Pero bueno, es lo que hay…
Y en Torreón siguen las evaluaciones y con ello las temblorinas de quienes sobreviven aún del equipo de trabajo que presidiera el alcalde Román Alberto Cepeda González y siguen en la nómina original. A solo tres meses de su fallecimiento se registra y se comenta cual si fuera émulo de algún faraón hereje de alguna dinastía en el antiguo Egipto y se le hubiera aplicado una damnatio memoriae, es decir, el ser borrado de la memoria, eliminado pues de narrativa alguna. Y a punto de lanzar alguna Alerta Amber para que se localice o siquiera se ubique a personajes como el contador Xavier Herrera y, más aún, al ingeniero Lauro Villarreal, responsables institucionales en Torreón y en Coahuila, respectivamente, de atender el tema del abasto de agua potable, de conocer gestiones y sus avances, etcétera. ¿Están perdidos o escondidos? Solo es pregunta…
