SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí. 15 de enero de 2026. Con el objetivo de
propiciar un espacio de reflexión y diálogo académico-institucional entre las
universidades públicas autónomas y el órgano superior de fiscalización del gasto
federalizado, se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP,
el evento diálogos universitarios “Autonomía Universitaria y Fiscalización superior:
Limites, Equilibrios y Corresponsabilidades”.
Ante la presencia de rectores de universidades públicas, autoridades de la auditoria
superior de la federación, representantes de la ANUIES (Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior), de la AMEREIAF (Asociación
Mexicana de Órganos de Contraloría), autoridades gubernamentales, representantes
de instituciones de educación superior en el estado y a la comunidad universitaria de
la UASLP, su rector Javier Zermeño Guerra, dio la bienvenida en el marco de sus
103 años de autonomía universitaria.
El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez
participó en el Conversatorio 1 “Autonomía Universitaria y Fiscalización del Gasto
Federalizado: Gobernanza, Responsabilidad y Equilibrios Constitucionales para la
rendición de cuentas”, en donde compartió sus opiniones con el auditor especial del
gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, Mtro. Aureliano
Hernández Palacios Cardel; con el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
Dr. Jesús Madueña Molina y con el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, Dr. Santos Guzmán López.
Para el tema, destacó como principal desafío mantener el equilibrio entre la
autonomía universitaria y la obligación constitucional de rendir cuentas por el uso de
recursos públicos, y de acuerdo a las acciones que en la UAdeC se implementan les
explicó lo siguiente:
Señaló que la autonomía no puede entenderse como un espacio de excepción frente
a la fiscalización, pero tampoco la fiscalización debe traducirse en una injerencia
indebida en decisiones académicas, de planeación institucional o de organización
interna que corresponden al autogobierno universitario.
Pimentel Martínez, dijo que un reto recurrente es cuando los procesos de auditoría,
diseñados bajo lógicas administrativas generales, no siempre reconocen las
particularidades del quehacer universitario: los ciclos académicos, la investigación de
largo plazo, la gestión colegiada o la pluralidad normativa interna.
“Preservar la autonomía implica, entonces, dialogar técnicamente con los órganos
fiscalizadores, fortalecer la trazabilidad del gasto y demostrar que las decisiones
estratégicas, académicas, administrativas y financieras responden a fines públicos
legítimos, alineados con la misión universitaria y no a criterios discrecionales; Idea
fuerza: Autonomía no es inmunidad, es responsabilidad con identidad universitaria”,
afirmó el Pimentel Martínez.
El Rector de la UAdeC, afirmó que la experiencia nos muestra que enfrentar con
solvencia una auditoría federalizada no depende de un solo factor, sino de un
modelo integral de gobernanza universitaria: En primer lugar, los órganos colegiados
son fundamentales, cuando el Consejo Universitario, las Comisiones como la
Comisión General de Hacienda participan activamente en la toma de decisiones
financieras, se fortalece la legitimidad y la trazabilidad institucional.
En segundo término, los sistemas de control interno claros, documentados y
preventivos permiten que la fiscalización no sea un ejercicio reactivo, sino parte de
una gestión ordenada y anticipatoria; también es clave contar con una normatividad
secundaria actualizada, coherente con la legislación federal y estatal, pero
respetuosa del régimen autónomo de la Universidad.
Finalmente, dijo que hay un componente que suele subestimarse y que resulta
decisivo: la cultura administrativa universitaria, cuando el personal entiende que la
rendición de cuentas es una responsabilidad institucional compartida, y no solo un
asunto del área financiera, la auditoría deja de ser una amenaza y se convierte en un
ejercicio de mejora continua.
Esto implica, en primer lugar, incorporar la lógica de fiscalización desde la planeación
institucional, no al final del ejercicio presupuestal. La planeación académica y
financiera deben dialogar desde el origen, particularmente cuando se trata de
recursos federalizados.
En segundo término, es necesario institucionalizar procesos técnicos permanentes
que den seguimiento preventivo al ejercicio del gasto y a la atención de
observaciones, de modo que la Universidad llegue a las auditorías con información
ordenada, consistente y trazable.
En este punto, la Contraloría universitaria cumple un papel relevante como instancia
interna de control y acompañamiento, al articular los sistemas de control interno,
apoyar a las unidades académicas y administrativas en el cumplimiento normativo y
fortalecer una cultura de prevención y rendición de cuentas desde el propio régimen
autónomo.
Finalmente, resulta clave avanzar hacia una relación más colaborativa con los
órganos fiscalizadores externos, basada en criterios técnicos, prevención de riesgos
y respeto a las competencias constitucionales de cada instancia, cuando la
fiscalización se integra al diseño institucional, no debilita la autonomía; la fortalece y
la legitima socialmente.
