¡Sin salida! Del berenjenal que la corrupción y el narcotráfico forman como dupla de factores, amén de un mal gobierno según los magros resultados que arroja su gestión gubernamental en el que se encuentra MORENA y el grupo de élite que lo representa, más los tránsfugas con los que cobijan su ambición muchos otros, al parecer han perdido el rumbo. En su congreso extraordinario de este domingo, bajo convocatoria exprés para dar una salida que parezca digna a quien fuera su dirigente hasta este mismo fin de semana, Luisa María Alcalde, y legitimar —así sea solo eso—, a la sucesora designada, esto es la “señora de las transferencias”, Ariadna Montiel, quien queda a cargo de recaudar “los agradecimientos” de nuestro “pueblo bueno” para que esto se convierta en los votos que esperan en la elección en puerta.
Y ojalá solo fuera eso, la conversión de nuestra democracia en cash. Lo serio, grave y preocupante ya no es para la presente generación de mexicanos, sino para la siguiente, que estará viviendo en la normalización de que la vida pública y el ejercicio de la política, como el arte de lo posible y de modificar la realidad, se vean estimulados para que los valores básicos bajo los que se han formado generaciones de mexicanos acaben hechos a un lado. Se enseña con el ejemplo que los delincuentes gozan, como los muertos en los inmortales versos de José Zorrilla, de “cabal salud”, como es el caso del impresentable gobernador “con licencia” de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al margen de que ya es un objetivo de la singular justicia del país vecino, MORENA y su congreso se atreven a cobijarlo, cuando desde hace casi dos años la opinión pública y el juicio generado en este país lo tienen más que juzgado.
Ahora resulta que, cobijados en una singular interpretación de la “soberanía”, exponen al resto del país a que México sea objeto de incursiones para lograr su detención y presentarlo ante una corte federal en el estado de Nueva York, una acción de consecuencias terribles. Nuestra señora presidenta quiere pruebas, las que por cierto no solicitó cuando entregó a más de 90 connacionales —detenidos, bajo proceso o hasta con sentencias—, a la justicia del vecino país del norte, sin haber pedido acreditación alguna de los supuestos delitos por los que ahora mismo se les está juzgando. De nuevo quedan en la expectativa de ser objeto de penas de por vida en alguna prisión de alta seguridad en EUA. Con todo y que ese “lote” sean miembros destacados de la delincuencia organizada que disfrutaron por décadas de impunidad en este país, claro que no sin la colusión de miembros de nuestro endeble sistema judicial y de procuración de justicia, pero más aún de miembros conspicuos de la clase política.
Ese es el punto: Rocha Moya parece ser el súmmum de estos elementos, roto a raíz del virtual secuestro y extracción de Sinaloa a tierra del Tío Sam, caso que acabó por exhibir largamente ante los mexicanos y el resto del mundo, con estupefacción, la putrefacción que registran algunos veneros de nuestro país. Vamos a ver cuánto dura la cobertura y el arropamiento que los morenistas brindaron a mano alzada, eufóricos, al impresentable hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Esperamos que le dure algún rato antes de que las fuerzas del Tío Sam, sin pedir permiso alguno, incursionen por la libre —como lo hacen los agentes de la CIA y la DEA—, y “el protegido” acabe siendo alzado en una operación similar a la efectuada durante “el madurazo” y se lleve al traste muchos otros temas de la difícil y compleja relación de México con el vecino país.
En tanto, a partir del 5 de mayo en curso, 256 aspirantes de siete agrupaciones partidistas, algunas en alianza y otras de nuevo cuño que lucharán por su sobrevivencia, andarán a lo largo y ancho del territorio coahuilense gastando suela y haciendo promesas en una campaña que culminará el día 3 de junio próximo para alcanzar alguna de las 16 diputaciones de mayoría en juego para la renovación del Congreso del Estado. En el PRI, hasta hoy, la confianza en el triunfo permea las emociones de su militancia, motivada quizás por ser uno de los últimos reductos de dominio de tales siglas. Entre los candidatos, sobre todo en los “repetidores” con lugar seguro como miembros prominentes del listado plurinominal, algunos son merecidos y otros no tanto, pero ya se sabe: la vida no es justa y la política menos. Ya estaremos viendo, en un mes más, quiénes finalmente serán nuestros “padres de la patria” que estarán acompañando al gobernador Manolo Jiménez Salinas en su segundo y último tramo de gobierno…
En Torreón, el agua pesa por ahora más que el tema meramente político-electoral, amenazando con convertirse en “el tema” de la campaña en ciernes. El asunto es por demás atractivo para los candidatos y partidos en obvia desventaja, pues tienen una cantera emocional con la cual jugar con cierta impunidad a lo largo del presente mes. La irritación que muestra y moviliza a amplios grupos de la población es real, y constituye una legítima bandera para quienes pretendan esgrimirla como parte de su “oferta política”. El tema del agua va más allá de esto; la irritación por la reiterada falta de suministro y lo que parece una incapacidad técnica y administrativa para dar respuesta es de tomarse en cuenta.
En este tema destaca la total ausencia de quienes forman parte del Consejo de Administración de la empresa paramunicipal SIMAS-Torreón. La responsabilidad legal no solo recae en su presidente o en su director, sino en todos y cada uno de quienes integran tal cuerpo colegiado, con todo y que un espeso velo de silencio cubra sus identidades. No se sabe con certeza cuál es la condición técnica de Simas Torreón, cuál es su capacidad de abasto —con todo y lo que aporte la red del proyecto Agua Saludable—, ni menos aún cuál es su actual condición financiera o su listado de proveedores, en especial a los que se les asigna la perforación de nuevos pozos y el mantenimiento de su red. Según versiones, estas son tareas “exclusivas” de solo dos empresas más que conocidas.
Quedan en el tintero sus adeudos bancarios, la condición de sus colectores y la red de distribución. Además, no se conoce un proyecto de rehabilitación de la red a mediano y largo plazo, si es que siquiera existe; qué decir del retraso en la construcción de las prometidas nuevas plantas para el saneamiento de aguas, que por cierto, ya se cobra y caro. Y del lote de pozos de extracción, no se sabe cuántos están en operación o han quedado obsoletos, la cartera vencida, sus grandes deudores y, sobre todo, por qué se siguen extendiendo “factibilidades”, especialmente al norte de Torreón, zona de crecimiento vertical acelerado. El caso de Simas Torreón no es solo las condiciones del pozo 27. Por último, cabe la reflexión: ¿por qué en Saltillo sí opera de manera exitosa su empresa de agua y saneamiento bajo un esquema privado y en Torreón no? Es pregunta.
