Torreón, Coahuila.- “Torreón, se encuentra ya involucrada ya en la demanda de intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de algunos de los contenidos del denominado Plan B con los que que pretende el Gobierno federal a cargo del Licenciado Andrés Manuel López Obrador trata de suplantar lo no obtenido y que pretendía en su ya rechazada Reforma Electoral, y que involucra las tareas y financiamiento de las tareas de comunicación social”.
Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento local, licenciado Luis Rayas, al ser preguntado sobre tal tema, agregando que el plazo para realizar tal acción en la vía judicial, tiene como vencimiento este mismo día.
“Entiendo que cada municipio presentó ya tal acción, signada por la representante legal del municipio, la síndica de mayoría, licenciada Laura Reyes Retana bajo el argumento válido que tales disposiciones contenidas en el pretendido Plan, vulnera la autonomía municipal, en términos del uso de su puesto para lo que se considere necesario, esté fijo, es la principal línea de argumento en el caso presentado por éste municipio”.
“Tal pretensión contenida en la propuesta del Ejecutivo federal, de aprobarse, dejaría prácticamente sin herramienta posible a las áreas de comunicación social de todo el país,pues afecta a sus tres ámbitos de gobierno”.
Señaló que, “es importante que en tal propuesta, primeramente se hablaba de sujetos obligados y hoy habla de entes públicos, lo que al hacerlo, deja fuera a asociaciones, empresas que reciben dineros públicos, pues ellos no he visto, que lo hayan rebotado mucho, pero así es”.
En cuanto a la atención y sobre todo el tiempo que se deberá esperar para esperar resoluciones sobre las controversias interpuestas, indicó que lo ignora, pues su desahogo, sera bajo la premisa de “serán los tiempos de la ley”.
Hay que ver, dijo luego el alcalde, “el jurídico que tiene la Resolución del Tribunal Electoral, que por ahora cubre a Coahuila y al Estado de México, pues los Organismos como el OPLE, aquí en Coahuila y el instituto correspondiente en el Estado de México, son sujetos públicos y por consecuencia quedarían sujetos a la misma ley”.
Aquí el argumento, señaló el funcionario, “es que constitucionalmente no pueden hacer una modificación, a 30 días previos del inicio de un proceso electoral, como es el caso de las dos entidades que se mencionan y en este caso tal plazo no se cumplió”.
Lo que hay que ver, agregó, “es el alcance que tiene esta Resolución si solo es para los organismos electorales o va mas allá”.
“Y en tanto, esto suceda, es decir que haya determinaciones precisas”, el Licenciado Rayas, “en tanto no nos queda mas que sujetarnos a la Ley, mientras que hay alguna Resolución en firme”.
Hay que ver, dijo luego, “la Controversia Constitucional del Amparo, si se obtiene la suspensión provisional del hecho reclamado, que deja en suspenso la situación actual, hasta en tanto haya un fallo en firme”.
Por ahora, resumió el funcionario, “todo sigue en el aire y ciertamente en Estados como Coahuila y el Estado de México con procesos electorales en curso, sin duda estarán más que vigilados en su gasto presupuestario”.
Reconoció que por ahora en los Medios de comunicación “hay una gran preocupación. Eso los sabemos y además, nos lo han hecho saber”.
